sábado, 26 de marzo de 2011

MODELO DE PAIS: MATRIZ DE PRODUCCION DIVERSIFICADA CON INCLUSION SOCIAL Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE




1. Descripción de la estructura socio-económica histórica.

         Latinoamérica se integró al mundo con carácter periférico bajo lo que podemos llamar el modelo “agro-minero extractivo exportador”. 

         La estructura que resulta es heterogénea. Conviven en un mismo territorio una minoría que se integra exitosamente al comercio internacional merced a la competitividad estática de sus productos primarios (agrícola, minero)  con una mayoría desarticulada con problemas de empleo y construcción de ciudadanía. Dado el bajo desarrollo del sector industrial y de servicios (éstos últimos si bien son una porción cuantitativamente amplia, cualitativamente  no están ligados a la actividad transformadora que crea y agrega valor a través de tecnología y conocimiento, sino a la mera intermediación) el excedente generado en la producción primaria migrará fronteras fuera para la adquisición de artículos elaborados (importaciones) que el país no es capaz de producir competitivamente. Lo que limita las posibilidades de generación de trabajo y conocimiento interno, limita la inversión local, consolidando la estructura.

         La economía argentina se inscribe en este orden, evidenciando lo que se denomina “estructura productiva desequilibrada”. Esto es, un sector primario exportador competitivo que convive con un sector secundario no competitivo. Lo desarticulado de esta estructura tiende a su auto-reproducción.

         En una estructura productiva desequilibrada, el complejo productivo primario del país se orienta a la exportación. Así será dependiente de la demanda externa, la que terminará configurando su diseño. En el orden local, la actividad primaria no creará intensivamente empleo ni conocimiento técnico  sofisticado en la magnitud requerida para el desarrollo integral del país. Estos se generarán entonces afuera de él, ya que será allí donde a través de la técnica y el trabajo se le agregará valor a la materia prima que se produce localmente, pero que se transformará afuera

         En una estructura productiva desequilibrada basada en la exportación de productos primarios, los recursos necesarios para el desarrollo interno terminan migrando fronteras fuera siendo incapaces de despertar un potencial territorial que no se integra entre si.  Esto lo vemos claramente en términos regionales en Argentina. En un país con dimensión continental (el octavo en tamaño del mundo) una sola región que representa la quinta parte de su superficie  concentra las tres cuartas partes de su producto bruto. Se trata de la pampa húmeda, la que consiguió integrarse al circuito del comercio internacional a través de sus exportaciones agropecuarias. La movilización de la inversión privada en su búsqueda de rentabilidad, naturalmente se dirigirá a esta área, profundizando el desequilibrio.  El potencial del resto del territorio (en el sentido holístico de sus recursos de capital natural, construido, financiero, humano y social) queda relegado.

         Los trazos generales de esta estructura se mantuvieron incluso durante los cambios de paradigmas que acaecieron en el país. Así ocurre en el modelo agro-exportador, en el modelo de sustitución de importaciones con industrialización parcial e incompleta y en el modelo de especulación financiera del que salimos recientemente. El desafío es proveer a un cambio de estructura que movilice todo nuestro potencial interno.

2. El modelo propuesto.

         El modelo que proponemos, el modelo en el que creemos es el de producción de matriz diversificada con inclusión social y cuidado del medioambiente. Significa el despertar de todas las potencialidades materiales y humanas de todo el territorio argentino para que sus beneficios lleguen a toda su población para satisfacer equitativamente sus necesidades, democráticamente y garantizando el derecho de las futuras generaciones a un medioambiente sano.

         No incurriremos acá en el error de plantear la falsa dicotomía entre agro e industria, campo o ciudad. En una visión de desarrollo territorial competitivo, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, lo agrícola y lo fabril, lo rural y lo urbano son partes de un mismo todo integrado. No se oponen. Se complementan o directamente se fusionan. Cuando se produjo la Revolución Industrial, no es que la agricultura desapareció. La agricultura solo se industrializó. Cuando la Revolución Informático Comunicacional, no sucedió que la industria feneció. La industria solo se informatizó y telecomunicó.

         La actividad  transformadora de materias primas en bienes terminados para el consumo o la inversión conlleva integración e interdependencias intra y extra sectoriales, articulación y generación de capacitación y empleo que la dotan de un dinamismo idóneo para movilizar la potencialidad del territorio. Nuestra visión de esta actividad transformadora es amplia e incluye a lo agro-industrial, lo industrial, los servicios inmateriales aplicados a la producción  y toda acción que agregue o cree valor por medio del trabajo y el conocimiento, sobre la materia y en intangibles.

         La coyuntura global de crecimiento de población, ingreso de importantes partes de la misma (sobre todo en los BRIC) a pautas de consumo más elevadas y crisis de la producción de combustibles fósiles, ha incrementado la demanda de productos agropecuarios que nuestro país produce eficientemente. Si dejamos que sea solo esta la variable que oriente nuestra estrategia de desarrollo, o dicho en otras palabras, si la dirección de las políticas para el crecimiento económico es guiada solo por la demanda y la inversión externa, el panorama es sombrío a futuro para la Nación. La actividad agropecuaria argentina a merced de estos estímulos no solo no superará nunca la producción de comodities con poco o ningún valor agregado, sino que también será insostenible social y ambientalmente. Los resultados de esa variante son la migración del excedente producido en nuestra geografía hacia otras latitudes y la imposibilidad de movilizar nuestro adormecido potencial interno. 

         Si comparamos la escena actual con la de hace  cien años, suplantaremos la fabril Inglaterra con sus obreros demandantes de proteínas, por las pujantes China e India y su población ciclópea que entra masivamente al circuito del consumo. Eso cambió. Pero nuestra producción que se exporta a los centros dinámicos sigue primarizada, la cadena de provisión de insumos y comercialización continúan concentradas y transnacionalizadas y el sector financiero sigue regido por concepciones que no impulsa la productividad. Con lo que si el Estado deja hacer y pasar, repetiremos la amarga experiencia del pasado. Y esto por factores de los previsibles e imprevisibles. Es imprevisible cuando la demanda internacional de nuestros productos primarios sufrirá un giro brusco que nos dejara sin mercados. Si podemos prever que, aunque esta demanda se mantenga en el tiempo, la relación en los términos de intercambio bastante conveniente en la actualidad se ira deteriorando paulatinamente a favor de productos que tengan mayor valor agregado tecnológico.

         La intervención del Estado es imprescindible a través de buenas políticas activas.

         Partiendo de la estructura productiva actual, para revertirla el Estado debe establecer un tipo de cambio diferenciado. Uno para el sector de ventajas comparativas naturales que goza de una rentabilidad extraordinaria. Otro para el sector que, requiriendo mayor uso intensivo de capital tecnológico, tiene dificultades para desarrollarse.  Los dos periodos más exitosos de la economía Argentina en términos de crecimiento (1963-1974 y 2003-2010) en los últimos 50 años contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias  son eso. Además de evitar los efectos inflacionarios que tendría un monocultivo exportador hiper rentable sobre todo el resto de la economía, apuntala a su vez la actividad transformadora. En la actualidad el crecimiento de la industria y de sus exportaciones (superior en aceleración incluso al del sector primario) prueban lo acertado de la formula. 

         Se promoverá (ante la necesidad de generar empleo, tecnología y ante un previsible y futuro deterioro de los términos de intercambio) el impulso al agregado de valor en toda nuestra producción. Transformar la ventaja comparativa natural  en ventaja competitiva dinámica basada en la invención y el conocimiento humano. En lo que respecta a lo agropecuario, superar el estadio de ser un país productor de biomasa (sin o de escasa transformación) para pasar a ser un país también productor de alimentos terminados con agregado de valor tangible (elaboración industrial) e intangible (calidad, diferenciación, trazabilidad). Este vector implicaría profundizar también la transformación de los cultivos en el terreno, obteniendo a la vez bio-combustibles y productos químicos y farmacéuticos. Para ponerlo en términos simbólicos, Argentina tiene que dejar atrás al “Granero del mundo” para pasar a ser la “Góndola del mundo”, la “Farmacia nutra-ceutica del mundo”, “la Planta bio-industrial del mundo”. Todo en un proceso que no pretende agotarse en lo agroindustrial. La agroindustria solo debe ser el gran disparador, el primer capítulo que incite el surgimiento interdependiente de otras actividades que hagan uso intensivo de tecnologías y conocimiento para generar riqueza y empleo en el territorio. Argentina también quiere, puede y debe producir maquinarias, vehículos, instrumental de alta complejidad y software.

         La intervención del Estado es esencial en este cometido no solo a través de medidas cambiarias y fiscales, sino a través de políticas públicas orientadas a la promoción del conocimiento. No es errado en este sentido (tal como demuestra la experiencia del sudeste asiático) apoyar al capital de origen local, o al capital de origen público, para la innovación tecnológica de la actividad económica. Asimismo, se requiere una regulación inteligente de las cadenas de comercialización, exportación y servicios financieros para que, sin amenazar legítimas expectativas,  provea  también a una distribución  equitativa de la renta. A la vez, se recobraría autonomía en la toma decisiones con miras a encaminarlas desarrollo territorial humano y sustentable.

         Deben mantenerse y acrecentarse las políticas actuales de incentivo al consumo. Además de su efecto re-distributivo, son pilar para la expansión de la demanda local que fortalecerá un mercado interno hoy todavía insuficiente.

         En la actualidad la inversión ha crecido de forma importante. No obstante, para un perfil de desarrollo territorial, habrán de profundizarse cambios en la regulación del sistema financiero para facilitar que el ahorro local pueda volcarse fluidamente al financiamiento de la actividad productiva, la generación e incorporación de tecnología y la promoción del conocimiento. Esto sobre todo en el sector PYME que, siendo el que más empleo genera, continúa con problemas para el acceso al mercado de capitales.

         El excedente producido en el territorio debe ser reinvertido en él. El desincentivo de la des-localización de la renta y la fuga de capitales es materia de regulación pública necesaria y urgente.

         El impulso a la competitividad del sector manufacturero por medio de una intervención estatal activa (intervención que aplican todos los países desarrollados) debe estar dotada de instrumentos de políticas sofisticadas y de adecuados marcos regulatorios. La experiencia enseña que, los regimenes de promoción industrial sin mayor formulación, pueden ser funcionales a la concentración del capital. Esto sucede cuando las firmas beneficiarias de la promoción son ínfimas en número. En tal caso, las políticas de promoción terminarán  fungiendo en estímulo a la oligopolización, lo que menoscaba la competitividad, el ímpetu innovador y la expansión del mercado.  

         Es por ello que la intervención estatal debe establecer el marco regulatorio adecuado para fomentar la competencia, las interdependencias horizontales, evitar los monopolios, impulsar la competitividad y la innovación. En esta inteligencia, son las PYME las que deben ser especialmente apoyadas.       

         En la búsqueda de la competitividad fabril, debe preverse que luego de una acelerada etapa de producción de bienes de consumo no duradero e insumos básicos, el crecimiento industrial pasa hacerse más sofisticado ante la necesidad de incorporar nuevos insumos complejos y bienes de capital. En el presente, el paulatino estrechamiento del superávit comercial se debe a la progresiva necesidad de importación de bienes tecnológicos que el país no produce, como la maquinaria y equipo.  Este camino de tecnificación debe seguir una estrategia de política pública. En este sentido, son necesarias como ya se dijo inversión pública, regulación, apoyo al capital de origen nacional y fomento decisivo del conocimiento local.     
        
         La expansión que importa la diversificación de la matriz productiva y de los actores de la misma redunda en el empoderamiento de la mayoría de  población  y a la mejora económica que se vuelca en el consumo.

         Es imperativa la necesidad del fortalecimiento del SNI (Sistema Nacional de Innovación) entendido éste como la red de agentes e instituciones públicas y privadas (gobierno en sus tres niveles, empresas, universidades, agencias de desarrollo, instituciones sociales de fomento, etc.) que se articulan territorialmente para la introducción de nuevos productos y procesos tecnológicos en la economía. La condición necesaria para esto es la reconstrucción y promoción del capital social en el país. Algo para lo que la organización política es indispensable.

         El Gobierno a partir del año 2003 ha realizado valientes acciones en el sentido descrito. Desde un punto de partida difícil, ya que el Gobierno, en manifiesta situación de desventaja ya que partía de una matriz social, política, económica y cultural adversa que se venía consolidando hace tres décadas, se aventuró imprimiendo un rumbo diferente al país. Y lo hace recuperando a la política como herramienta de transformación.  

         Concebimos al INTA como un organismo inserto de manera in-escindible dentro de la orientación de la política pública del Estado como promotora del interés nacional y el bienestar del pueblo y ciudadanía. El INTA opera, integra y es parte del SNI. El rumbo de la política tecnológica del INTA debe estar fuertemente dirigido al desarrollo nacional. Un INTA sin estrategia política fuerte en pos del desarrollo territorial, podría terminar potenciando el esquema desarticulado de crecimiento hacia  afuera.

         El desarrollo nacional pasa en su casi totalidad por la organización política, por la formación del capital humano, por la construcción de capital social y por el impulso al saber. Al ser un organismo público, con personal técnico, con presencia territorial y por su misión institucional, el INTA esta naturalmente llamado a ser agente para del desarrollo humano sustentable desde una visión nacional. 

         La matriz de producción diversificada con inclusión social y cuidado del medioambiente es el perfil que queremos para nuestra argentina. Conlleva la inserción internacional en condiciones autónomas. Apuntala la integración sudamericana. Implica equilibrio armónico de las distintas regiones del país. Impulsa el desarrollo territorial. Despliega el potencial material y humano del país. Promueve la creación y adopción de tecnología y conocimiento. Apareja distribución equitativa de los beneficios de la producción. Salvaguarda la sostenibilidad ambiental. Desincentiva la fuga de capitales y deslocalización de la renta. Empodera a la población.

         En otras palabras, traduce el lenguaje de hoy el anhelo de siempre: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.